Por su parte, ADICAE organizó el Simposium “Consumidores y Justicia eficaz en la UE: Retos y perspectivas” en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid el 25 de marzo de 2008.
En el acto intervinierón tanto miembros del equipo de ADICAE como ponentes exteriores.
Para empezar, Manuel Pardos, Presidente de ADICAE, aseguró que la DG Justicia de la Comisión Europea “está empeñada en hacer visible la justicia a los ciudadanos”. Sin embargo, “la justicia es una asignatura pendiente de la UE, uno de los problemas más difíciles de resolver, puesto que la justicia tiende a recluirse en lo nacional, (…) en la identidad jurídica, en la soberanía. Es decir, constituye uno de los temas en los que la UE ha podido avanzar menos y en la que se oponen más dificultades.” El presidente de ADICAE, insistió en la contradicción inherente a la inexistencia de una justicia que permita poner algo de equidad en un mercado único financiero que es una realidad para los consumidores europeos. Pardos lamentó que “sólo un polo de poder, los empresarios, los proveedores de servicios estén suficientemente arropados y defendidos y el otro polo, el de los consumidores tenga pocas posibilidades de defensa o en algunos casos sean fórmulas ineficaces.” Ante dicha contradicción ADICAE intenta encontrar alternativas, soluciones que pasan por la acción extrajudicial. Está claro que si abocamos a los consumidores sólo a la justicia judicial estaríamos condenándoles a la indefensión. Lo hemos visto en los grandes casos colectivos en los que dado sus dimensiones tendría que haber instrumentos más adecuadas que no dilaten tanto en el tiempo una solución satisfactoria para los consumidores.
La Unión Europea necesita un sistema de arbitraje y mediación único
ADICAE reunió a profesionales procedentes de diferentes instancias, jueces, abogados, profesores universitarios y miembros de las asociaciones de consumidores. Los participantes apostaron por el desarrollo y la unificación de un sistema de arbitraje y mediación dentro de la Unión Europea para facilitar la resolución de los grandes fraudes financieros y proporcionar protección a los consumidores víctimas. Los expertos en consumo coincidieron en la defensa de este sistema como alternativa a la Justicia ordinaria.
La primera intervención corrió a cargo del eurodiputado y ex ministro socialista Enrique Barón, quien recordó que el sistema arbitral no puede separarse del todo del sistema judicial, y abogó por la "defensa de una equidad basada en el derecho".
Barón centró su intervención en la importancia que tiene en el marco de la Unión Europea y para la protección de los consumidores conseguir la ratificación del Tratado de Lisboa, porque recoge esencialmente los avances de la fallida constitución europea y contiene una serie importante de elementos a tener en cuenta de cara a los consumidores a partir de su condición de ciudadano. Por una parte el mantenimiento del concepto de ciudadanía europea frente a los intentos de rebajarla y el reconocimiento y la inclusión como jurídicamente vinculante de la carta de derechos fundamentales de la UE y en tercer lugar la comunitarización del tercer pilar que tienen una enorme importancia de cara a la justicia.
La ratificación del Tratado de Lisboa haría jurídicamente vinculantes a los ciudadanos europeos para reclamar sus derechos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Implicaría, asimismo, el reconocimiento de la ciudadanía europea contemplada en el Tratado de Maastrich, firmado en 1993, y su derecho a interponer recurso ante los tribunales europeos. Barón subrayó el deseo de la UE de "romper con el beneficio dado a los productores en favor de los consumidores". El eurodiputado socialista insistió en la importancia que tiene el Tribunal de Justicia.
El consumo es transversal y debe estar presente en varios ministerios
Por su parte, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, defendió el sistema arbitral como método "extrajudicial" de resolución de conflictos de los consumidores. Sin embargo, este sistema "único en España" no aplica el arbitraje a las entidades financieras, matizó. En este sentido, el presidente de Adicae, Manuel Pardos, alertó de que los consumidores "todavía no conocen los mecanismos de reclamación ni sus derechos".
Sauquillo, afirmó que “el consumo es transversal y afecta a muchos ámbitos". Ante lo cual se dirigió al presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, demandándole que estudie una remodelación ministerial con la finalidad de incluir la figura de los consumidores y su defensa en los diferentes ámbitos ministeriales.
Entre todos los ministerios, Sauquillo destacó la importancia de que los consumidores tengan representación dentro del Ministerio de Economía y Hacienda con la finalidad de "hacer frente a las situaciones de crisis que provocan impagos de hipotecas y la subida de la cesta de la compra". La presidenta del CCU recordó, asimismo, que "los bancos y las entidades financieras" no están sometidas al Sistema Arbitral de Consumo de resolución de conflictos entre consumidores y empresas aprobado el pasado mes de febrero mediante el Real Decreto 231/2008.
"Se necesita un sistema extrajudicial que agilice la resolución de estos conflictos", afirmó Sauquillo, quien calificó este sistema de "modelo y único en España".
Sauquillo consideró que la defensa de los consumidores no puede limitarse al Ministerio de Sanidad y Consumo, y que "si la remodelación no puede ser ahora tendrá que ser en el futuro", insistió.
Órganos específicos que atiendan las reclamaciones entre países
La primera mesa de debate “La Unión Europea y el reto del acceso a la justicia de los consumidores”, moderada por Santiago Pérez, Responsable de Proyectos de ADICAE, contó con la presencia de Javier López Sánchez, profesor titular de Derecho Procesal Univ. Zaragoza, Francisco Llanos, abogado, coordinador del equipo jurídico de ADICAE y Miguel María Rodríguez, Magistrado Titular del Juzgado Mercantil nº 4 de Madrid. Javier López declaró que la posición de la UE respecto a los consumidores "no está muy clara". López explicó que la apuesta europea pasa por desarrollar los servicios de reclamación del cliente y no por la creación de órganos específicos que atiendan las reclamaciones entre países.
La UE mantiene operativa la Red de Centros Europeos del Consumidor que canalizan las quejas de los usuarios. López consideró que el sistema arbitral es "el mejor y el más rápido para la resolución de conflictos sin tener que someter a las partes al relato jurídico de los hechos" y defendió las acciones colectivas para evitar el colapso y los altos costes de la Justicia ordinaria.
Por su parte, el abogado Francisco Llanos expuso la problemática que contemplan los procesos concursales con acreedores en varios países. "La globalización ha internacionalizado las insolvencias", afirmó. Entre los principales problemas que afectan a estos concursos se hallan la falta de cooperación judicial, la acotación de los derechos reales de los consumidores sobre los créditos, la averiguación del patrimonio y la exclusión de la normativa comunitaria. Otra dificultad señalada por Llanos es que las entidades que comercializan productos financieros, de seguros, etc, están sometidas a las leyes propias de cada país, no existiendo uniformidad al respecto. En el caso de España a la Ley del Mercado de Valores.
La falta de información, eterno problema de la construcción europea
Luis García Perulles y Agenor Gómez, abogados y miembros del equipo jurídico de ADICAE abordaron el tema de “La resolución de extrajudicial conflictos en el mundo de los servicios financieros: un sistema insatisfactorio para los consumidores”. García Perulles insistió en que en el año 2008 “se constata una separación radical entre los ciudadanos y las instituciones comunitarias”. El arbitraje es un sistema oportuno para resolver los conflictos de forma amistosa; porque es un sistema que abarata costes, fomenta la confianza, etc. Aunque cuenta con unos problemas que debemos solucionar. Uno de los principales causas para que no funcione la solución extrajudicial de los conflictos es la escasa voluntad política de hacer progresar el modelo. Los consumidores hallan dificultades para acceder a estos sistemas: “La falta de información es “el eterno problema de la construcción europea que sigue sin resolverse”. “Existen problemas de comunicación con los ciudadanos; los ciudadanos no sienten que el sistema sea eficaz”. García Perulles criticó, asimismo, la insuficiencia de la legislación vigente de cara a dar una respuesta eficaz a los consumidores.
Sector financiero - Un panorama sombrío
Por su parte, Agenor Gómez, sostuvo que “el panorama es muy sombrío”. Ya que el sistema arbitral de consumo es voluntario para las empresas y las empresas financieras, por lo general, no se adhieren a él aduciendo la existencia de un sistema alternativo propio del sector: los servicios de atención al cliente. Agenor cuestionó la eficacia de este sistema. Si en el sistema arbitral de consumo (que tiene tres árbitros: representante de los empresarios, de los consumidores, de la administración y las decisiones se toman por unanimidad o por mayoría) los propios consumidores participan en la resolución de conflictos, esto no es así en los servicios financieros. El abogado se basó en datos del Banco de España sobre los servicios de atención al cliente. En su última memoria publicada el BE “destaca el descenso generalizado en el grado de cumplimiento voluntario por parte de todas las entidades (…) Este descenso se acusa especialmente en los sectores de cooperativas de crédito y de cajas de ahorros. (…) El porcentaje de rectificaciones favorables al reclamante ha descendido a partir del año 2004 (…) El sector de cajas de ahorros destaca este año por el descenso generalizado en el porcentaje de rectificaciones ante las resoluciones de los informes de los servicios de reclamaciones que ha pasado de representar (en 2004) el 42% de las resoluciones favorables al reclamante a tan sólo el 33,5% (en 2006)”. En el año 2002 se cumplía el 70% y en el año 2006 se cumple el 43,9%.
Por otro lado, Carlos Zarco, miembro del equipo jurídico de ADICAE y miembro del Grupo de Expertos FIN-USE de la Comisión Europea, abordó los “Conflictos de los consumidores en la contratación a distancia. Los servicios financieros a distancia”.
El Simposium concluyó con una mesa redonda en que los diferentes ponentes debatieron sobre “JUZGADOS Y TRIBUNALES: LOS CONSUMIDORES EN EL LABERINTO”.
En esta mesa, “Los consumidores y el laberinto de los tribunales ante los escándalos financieros del siglo XXI”, se abordó esta cuestión a partir de los diferentes casos colectivos en los que ADICAE trabaja. Carlos Ballugera, Colegio de Registradores de España y Pablo Mayor, abogado, miembro del equipo jurídico de ADICAE abordaron las fórmulas para “Combatir las cláusulas abusivas”, una verdadera plaga que prolifera en los contratos, especialmente de servicios financieros. Pese a la profusa normativa al respecto, todavía no se ha articulado un mecanismo efectivo y rápido para erradicar estas cláusulas.
Por su parte, Vicent Bellido, abogado, miembro del equipo jurídico de ADICAE centró su intervención en “Las acciones de cesación”, quien planteó que la realidad judicial ha demostrado las carencias de la regulación. Por ello sería necesario incentivar procesalmente a las asociaciones de consumidores (regular de forma clara que en caso de ejercer estas acciones, las asociaciones gozarán de justicia gratuita, no podrán ser condenadas en costas, etc), y que se les subvencionaran económicamente los esfuerzos en este sentido.
Por último, David Casellas, abogado de ADICAE intervino en relación con “La Justicia gratuita de las asociaciones de consumidores”. La denegación -en ocasiones sistemática- por parte de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita del reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a favor de asociaciones de consumidores inscritas en el Registro del Ministerio de Consumo, y que defienden en el litigio a los consumidores, obligan a impugnar las resoluciones administrativas por vía judicial, lo que provoca una judicialización innecesaria de conflictos, además de una ralentización de los procesos en perjuiciode los consumidores.
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