Códigos de conducta en Italia
(Por Associazione Consumatori Piemonte )

CÓDIGOS DE CONDUCTA, TRANSPARENCIA Y AUTOREGULACIÓN:
Hacia una doble vía de protección de los consumidores europeos

INTRODUCCIÓN

La discusión sobre la protección del consumidor comenzó a principios de los años 60. Apareció como demanda social por una similitud, básicamente informal, entre organizaciones de consumidores, un movimiento social regional, como los equivalentes en ese tiempo a las organizaciones por la paz, protección del medio ambiente, etc. No es accidental que esta reacción social se iniciara en los E.E.U.U., con la argumentación teórica correspondiente, llegando hasta tal punto, que se formó una demanda relevante en la opinión pública. En la economía de mercado, cuando hay libre competencia, no es un regulador justo.

El movimiento de protección al consumidor reaccionó fascinado ante la idea de que el consumidor es el regulador del mercado y que será él el que decide qué será producido y por lo tanto qué será consumido. Lo que es seguro, es que las compañías forman la oferta y la demanda no sólo cuantitativamente sino también cualitativamente.

La publicidad, con las técnicas más modernas, mantiene o incluso promueve esta superioridad de las compañías frente a los consumidores más débiles, aumentando ficticiamente las desigualdades sociales y dirige al consumidor a un modelo de vida que es caracterizada por la producción y el consumo.

II. 1. Protección en el mercado único.

El principal problema para garantizar la protección al consumidor en el mercado único estriba en las diversas leyes nacionales referentes a prácticas comerciales entre los empresarios y los consumidores. Ninguno de los dos grupos está tomando ventaja actualmente respecto al potencial del mercado interior, que se ha consolidado desde la introducción del euro, en el área del comercio electrónico (empresario- consumidor).

Los negocios que ofrecen a los consumidores la opción del comercio electrónico tienen que hacer frente a las incertidumbres legales, que limitan la eficacia del mercado único. Este problema es también perjudicial para los consumidores, pues restringe el acceso a varios productos y a una mayor selección.

Después de un análisis de los servicios relevantes, la Carta Verde indica que las reglas de la Comunidad en la protección al consumidor no han tenido éxito en adaptarse al desarrollo natural del mercado o a las nuevas prácticas comerciales. La solución considerada implica la simplificación de reglas nacionales y una garantía más eficaz de la protección al consumidor. La simplificación de reglas puede también implicar armonizar la legislación comunitaria en esta área. La Carta Verde también pretende identificar las áreas principales para esta armonización.

El propósito de esta Carta Verde es lanzar una consulta pública extensa sobre la dirección futura de la protección al consumidor en la UE. Para estimular un debate profundo, precisa un análisis de la situación actual y de las opciones posibles para el futuro.

2. Protección al consumidor en el mercado interior

Para que el mercado interior rinda sus ventajas a los consumidores, éstos deben poder tener acceso fácil a los bienes y servicios promovidos, ofrecidos y vendidos más allá de las fronteras. Es el movimiento transfronterizo de bienes y servicios el que permite que los consumidores busquen fuera los mejores precios y los productos y servicios innovadores y se asegura así de que optimizan sus decisiones de consumo. Esta demanda transfronteriza aumenta la presión competitiva dentro del mercado interior y permite una mayor eficiencia y competitividad de bienes y de servicios. Este marco virtual puede ser alcanzado solamente si el marco regulador anima a consumidores y a empresarios a negociar más allá de las fronteras. Diversas leyes nacionales sobre prácticas comerciales referentes a relaciones del empresario- consumidor pueden obstaculizar esta evolución.

El interés de la UE por la protección al consumidor (aquí entendida como la regulación de los intereses económicos del consumidor y excluyendo materias de salud y de seguridad y otras relacionadas) existe desde hace más de veinticinco años. El artículo 153 del Tratado de la CE enumera una serie de derechos del consumidor - a la información, a la educación y a la representación. Las directivas de protección al consumidor de la UE, basadas generalmente en la regulación del mercado interior del artículo 95 (antiguo artículo 100a) del Tratado de la CE, han pasado por alto el detalle de estos derechos. Otras Directivas de la UE, cuyo propósito principal no es la protección al consumidor, también tienen un efecto directo en esta protección. La normativa y la jurisprudencia nacionales tienen un impacto en la protección al consumidor en el mercado interior.

Sin embargo, la protección al consumidor en el mercado interior se topa con un conjunto de normas fragmentado y un sistema de aplicación también fragmentado. La perspectiva de la ampliación tiene el riesgo de la fragmentación adicional del mercado interior y de problemas adicionales de la aplicación. La circulación del Euro que comenzó en enero de 2002 ha dado una oportunidad enorme para desarrollar el mercado interior de consumo. Si no se adopta, dejarán a los ciudadanos con la impresión de que el proyecto esencial de la UE - el mercado único - es irrelevante para su vida cotidiana y simplemente está diseñado para servir los intereses de los empresarios. La meta de la protección al consumidor es crear un sistema regulativo que logre un nivel de protección del consumidor tan alto como sea posible, mientras que también mantiene un coste mínimo para los empresarios, es tan simple como posible y es suficientemente flexible para responder rápidamente al mercado, y que implica a todas las personas vinculadas con la sociedad tanto como es posible y proporciona certeza legal y asegura su aplicación eficiente y eficaz, especialmente en los casos transfronterizos.
Además, la legislación de la UE, no considera la protección al consumidor como su objetivo prioritario, prevé una cierta protección de éste y regula el poder de las autoridades nacionales para que legislen la protección al consumidor. Por ejemplo, la Directiva del comercio electrónico regula la publicidad y la comercialización a los consumidores por los prestadores de servicios de la sociedad de información. La Directiva de televisión sin fronteras también coordina ciertos aspectos de la publicidad en los medios. Prevé una alta y uniforme protección, la aplicación del principio de país de origen, definiciones detalladas con exactitud y requisitos claros de su utilización.

Además, las normas de protección al consumidor en la UE permiten generalmente que los Estados miembros tomen medidas más detalladas o más estrictas (a través de la llamada “cláusula de mínimos”) para proteger a los consumidores, o, como es más común, mantener las reglas existentes, cuando sean más estrictas que las reglas de la UE. Así, esto genera divergencias entre las leyes nacionales además de aquellas presentes en áreas no armonizadas de protección al consumidor.

Donde no existe legislación comunitaria ni jurisprudencia, la legislación de los Estados miembros es aplicable, la cual puede diferir en su contenido y en su aplicación. Cada Estado miembro tiene un sistema legislativo relativamente bien desarrollado, ya sea específicamente en cuanto a la protección al consumidor o en cuanto a la regulación de las prácticas comerciales para otros fines. No obstante, además de la misma clase de regulaciones que existen a nivel europeo, muchos Estados miembros tienen un principio legal general, apoyado a veces por leyes específicas, para la regulación de las prácticas comerciales negocio- consumidor.

3. Principios generales

El principio general de contra bonos mores aparece en la legislación de Austria, Grecia, Portugal y Alemania. El principio de prácticas comerciales justas se refleja en la legislación de Bélgica, Italia, Luxemburgo y España. Francia y los Países Bajos adoptan disposiciones generales del código penal, el último bajo concepto de ilegalidad. Hay muchas semejanzas en el principio de las buenas prácticas comerciales adoptadas por Dinamarca, Finlandia y Suecia. Principios generales similares se pueden encontrar también en los sistemas legislativos de muchos terceros países, pero notablemente los EE.UU., Canadá (donde la protección al consumidor se regula en el ámbito provincial) y Australia. Aunque ninguna norma jurídica que regula la relación entre consumidor- empresario existe en el Reino Unido o Irlanda, los principios equivalentes existen dentro de sus sistemas legislativos.

Estos principios generales o se han desarrollado en la legislación específica o su desarrollo se ha dejado a los tribunales, desde hace muchas décadas, lo que ha producido una jurisprudencia adecuada y detallada. En cada Estado miembro su desarrollo varía dependiendo del sistema legislativo y del alcance y marco del principio general. Los principios se crearon por diversas razones, incluso si ahora sirven para regular prácticas de publicidad. Así en Alemania y Austria, la apreciación del principio general de la protección de la competencia contra prácticas comerciales injustas se aplica también para cubrir la protección de los consumidores. En Francia y España, estas cuestiones se tratan por separado - la protección al consumidor está prevista directamente por la legislación específica pero los principios generales protegen a los consumidores indirectamente y las regulaciones tuvieron como objetivo la protección de la competencia. Contrariamente, Dinamarca y Suecia han adoptado medidas dirigidas específicamente a la protección del consumidor y de la competencia. El alcance y la finalidad de estas leyes que regulan comportamientos abusivos varían extensamente en la práctica entre algunos Estados miembros debido a su objetivo y la construcción. El desarrollo de tales diferencias puede actuar como una traba al comercio y perjudicar la competencia asegurando que las prácticas similares están tratadas de maneras totalmente diversas en toda la UE.

Una de las características principales de la protección al consumidor del UE es la siguiente: Aunque se está desarrollando rápidamente en muchos Estados miembros, la autorregulación, a través de códigos de conducta, se restringe seriamente en la UE.. Las tentativas recientes que se han hecho para desarrollar la autorregulación en la UE han tenido diferentes resultados. La autorregulación se ha demostrado que es un complemento potencialmente útil para la regulación que puede reducir la necesidad de legislación muy detallada y proporcionar ventajas a los consumidores. Aunque los códigos de conducta se citan específicamente en algunas legislaciones de la UE, no han podido desarrollar su potencial a nivel europeo debido al grado de diversidad legal de los Estados. Por otra parte, otros problemas provienen de la incertidumbre sobre el estado de las cuestiones reguladas en los códigos y su aplicabilidad.

El uso de la autorregulación y de los códigos de la conducta varía muchísimo entre los Estados miembros. En Dinamarca, Suecia y Finlandia, el uso de códigos incita a concretar las reglas generales. La implicación de los consumidores es más significativa cuando se trata de elaborar estos códigos. Los códigos son también extensos en Reino Unido, Irlanda y Países Bajos, aunque los consumidores tienen un papel más informal. El uso de la autorregulación como complemento a la regulación es menos conocido en otros Estados miembros. El uso de la autorregulación parece crecer en la UE, aunque de forma diferente en cada Estado miembro.

4. Códigos de conducta del comercio electrónico

Los códigos de conducta han resultado particularmente útiles para el comercio electrónico. En Dinamarca, Suecia y Finlandia, se llevan a cabo esfuerzos para desarrollar un código de conducta nacional del comercio electrónico, reuniendo a empresarios y organizaciones de consumidores bajo el patrocinio del estado. En los Países Bajos, Reino Unido y Alemania, reconociendo que se desarrollan muchos códigos de conducta para el comercio electrónico, los gobiernos han trabajado con los consumidores y empresarios en proyectos para establecer criterios para los códigos y los reglamentos que los supervisan. Mientras que los códigos y los criterios respectivos que han sido desarrollados tienen muchos puntos comunes, todos se diferencian a la hora de reflejar diversas reglas nacionales subyacentes.

II DESARROLLO Y OBJETO DE LA REGULACIÓN DE LA LEY DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La demanda de protección del consumidor es analizada, con la experiencia de hoy en día, en cuanto a la necesidad de proteger la vida y la salud del consumidor de productos defectuosos, la garantía de unas condiciones necesarias para una libre elección de bienes o servicios que se traduzca en la protección contra el anuncio agresivo y engañoso y generalmente contra la precipitación al contratar, su protección contra condiciones generales abusivas en el contrato y, finalmente, la existencia de un marco legal que asegurará la organización de los consumidores y una protección judicial simple, rápida, económicamente accesible, justa y eficaz. Relevante era y es la demanda de atención al consumidor en los centros de toma de decisiones. No hay duda que las regulaciones fragmentadas que tuvieron como objetivo la protección del consumidor han existido siempre. La determinación de precios por el estado y las especificaciones sobre la calidad para ciertos productos (alimentos, bebidas, medicinas etc.) son varios ejemplos.

A. LA PERSPECTIVA DE LA LEY GRIEGA

En primer lugar, el concepto de consumidor como una persona de protección legal especial fue relacionado con el económicamente más débil. Este acercamiento fue degradándose y dando lugar hoy a tener, a través de los textos legales, una significación neutra y "sin clase", determinada por la opinión que todos nosotros somos consumidores.

Así, el consumidor es cualquier persona que adquiere bienes o servicios para satisfacer sus necesidades personales o no por razones profesionales (así, el artículo 2 de la ley 1961/91, que no está en vigor actualmente) o del contenido final de los productos o de los servicios que se ofrecen en el mercado según el artículo 1.4 de la ley 2251/945 de protección al consumidor. Este concepto amplio resultó, a nivel social, de la dificultad de organizar al consumidor, que es esencial para su protección.

1. La obligación de intercambio. El principio general de la protección al consumidor

Por parte del legislador o del ejecutor del derecho, el establecimiento de obligaciones de intercambio en seguridad y cuidado se juzga como imperativo, en los casos donde sean la específica moral social la que mande, como se expresan en la norma legal o son consecuencia de las regulaciones establecidas, imponen la toma de medidas especiales de diligencia, gracias a los terceros participantes de la ley.

Las situaciones siguientes consisten en condiciones de las obligaciones del intercambio:

1. La soberanía de un campo específico de acción que puede ocasionar daños a terceras personas
2. La circulación de productos que pueden ocasionar daños a terceras personas.
3. La creación o la posesión de una fuente de peligro particular.
4. El ejercicio de una profesión o la prestación de servicios que pueden ocasionar daños al público.
Más específicamente, las actividades del proveedor de bienes y servicios concluyen con el ejercicio de la soberanía en su campo de responsabilidad, especialmente cuando existen elementos generales de la transacción, de desigualdad de términos de la negociación y de la dependencia de la disposición o del servicio particular. Por lo tanto, el peligro de ofensa de mercancías legales según la ley, puede crear la necesidad de tomar medidas bajo forma de obligaciones de intercambio, que limitarán la posibilidad del daño.

La obligación del intercambio de protección al consumidor tiene como objetivo la protección no solamente de la persona sino también de sus intereses económicos.

2. Los códigos de conducta sobre la protección al consumidor en la ley griega

Desgraciadamente hoy, no hay códigos de conducta importantes para la protección de los consumidores que hayan sido contratados por las partes interesadas, los consumidores y los proveedores de servicios.

Sin embargo, ha habido un esfuerzo, sin gran éxito, por parte del estado griego para la creación de códigos de conducta, en los cuales los principios generales de protección del consumidor serán incorporados, y tendrán una aplicación básica en todas las convenciones de consumo, y más específicamente:
En la ley 1969/1991 (DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA HELÉNICA A-167) sobre inversiones del capital y el comité del mercado de capitales etc., se define lo siguiente:

Con un decreto presidencial, después de la propuesta del ministro de economía nacional y después del dictamen del comité del mercado de capitales y del consejo administrativo de la bolsa de Atenas, cada tema referido al ejercicio de una profesión por un miembro de la bolsa de Atenas y sus sucursales, personas, al igual que la información de cliente- consumidores y en general el establecimiento de reglas de la conducta.

6 años después de la ley 1969/1991, se modificó el artículo 78 y en particular el párrafo 21 del artículo 113 de la ley 2533/1997 (A 228) la modificación siguiente fue realizada: el comité del mercado de capitales puede establecer códigos de conducta, la cual forma después de la propuesta relevante del sindicato de compañías de inversiones de la gerencia de los capitales recíprocos (unión de inversores institucionales), que se referirán al comportamiento de compañías de la gerencia de capitales recíprocos y de compañías de inversiones y de su personal hacia los consumidores.

En 2002, el párrafo 14 del artículo 3 de la ley 2992/2002 (DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA HELÉNICA A 54/20.3.2002) establece que: el comité del mercado de capitales puede establecer los códigos de conducta, que se referirán al comportamiento de las sociedades anónimas de la gerencia de capitales recíprocos en propiedades inmobiliarias, de compañías de inversiones en propiedades inmobiliarias y su personal.

3. Contenido general de códigos de conducta hacia los que proporcionan servicios a los consumidores

1. Toman cada medida aconsejada y actúan para proteger los intereses de sus clientes y la operación regular del mercado se asegure.
2. Utilizan con eficacia los recursos y los procesos y los métodos que son esenciales para el ejercicio de sus actividades.
3. Son informados con respecto a la situación financiera, los objetivos y la experiencia de sus clientes en el área de inversiones, de modo que proporcionen consejos convenientes de inversión.
4. Notifican a sus clientes toda la información esencial y útil para las negociaciones con ellos.
5. Disuaden los conflictos de intereses entre sí mismos y sus clientes.
6. Aseguran la igualdad de trato a sus clientes.
7. Funcionan según la legislación que regula el ejercicio de sus actividades, para que los intereses de sus clientes estén protegidos y la operación normal del mercado se asegure.

B. UN EJEMPLO DE CÓDIGO DE CONDUCTA GRIEGO

Con la decisión 12263/B.500 DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA HELÉNICA de B 340/24-4-97 del Ministro de Economía, el código de conducta de las empresas que proporcionaban servicios de inversión fue ratificado.

La finalidad de los códigos de conducta es el establecimiento de reglas que condicionarán las relaciones y el comportamiento de las compañías, y de los que estén trabajando en ellas o personas que colaboran con ellas, en el ejercicio de actividades dentro del marco legislativo y las provisiones legales de manera que:

1. La operación normal debe ser cumplida y el desarrollo del mercado de capitales griego se debe apoyar
2. Los intereses de los inversores
3. La seguridad y la transparencia de las transacciones se deben asegurar
4. La competencia sana entre las compañías y el derecho a una completa información del mercado según el código siguiente:

a) Las compañías y las personas cubiertas tomarán cada medida y actuarán según sus deberes para proteger los intereses de sus clientes y la operación del mercado se asegura.

b) Las compañías y las personas físicas y jurídicas que trabajan en ellas utilizarán con eficacia los recursos y los procesos y los métodos que son esenciales para el ejercicio de sus actividades.

c) Las compañías que según la ley proporcionan servicios de inversión y las personas físicas y jurídicas que trabajan en ellas serán informadas sobre la situación financiera, los objetivos y la experiencia de sus clientes en el sector de inversiones de modo que proporcionen consejos convenientes de la inversión.

d) Las compañías y las personas físicas y jurídicas que trabajan en ellas notificarán a sus clientes a toda la información esencial y útil con respecto a sus negociaciones con ellos.

e) Las compañías y las personas físicas y jurídicas que trabajan en ellas disuadirán los conflictos de intereses entre ellos y sus clientes.

f) Las compañías y las personas físicas y jurídicas que trabajan en ellas asegurarán a sus clientes la igualdad de trato.

g) Las compañías y las personas físicas y jurídicas que trabajan en ellas deben comportarse según la legislación que regula el ejercicio de sus actividades, para asegurar los intereses de sus clientes y la operación del mercado.

SUGERENCIAS

1. Marco general para las prácticas comerciales justas

Una directiva de base estaría basada en una cláusula general para las relaciones del consumidor-fabricante. Esto podía diseñar los modelos legales existentes basados en 'competencia legal' comercial; o el buen comportamiento del mercado;. Esencialmente, sería un requisito no engancharse a prácticas comerciales injustas e incluiría una prueba general. Tal acercamiento es comparable al de la directiva de cláusulas abusivas. Las reglas nacionales que cubrieron puramente objetivos generales del interés en lo referente a prácticas comerciales con excepción de la protección al consumidor (ej. pluralismo, la protección de la cultura, salud y seguridad, decencia) y requisitos nacionales de la ley del contrato serían excluidos. La cláusula general tendría que ser suplida con las pruebas generales de la imparcialidad y de las reglas específicas para eliminar diferencias en reglas nacionales en prácticas comerciales. Éstos podían cubrir todos los elementos del comercio justo ej., las prácticas engañosas o influencia indebida así como reglas en la comercialización y las prácticas comerciales ligadas a las fases contractuales y post contractuales de la transacción. Estos principios y reglas generales tratarían los puntos principales de la incertidumbre y de la diversidad y lo harían sobre:

? Jurisprudencia de ECJ y conceptos legales de la UE, notablemente en la prueba de los términos de la publicidad engañosa y de contrato injusto, y;
? Ejemplos nacionales en temas tales como prácticas engañosas, influencia o presión indebida, acceso, consumidores vulnerables, negocios equitativos y buena fe.

2. Marco general que cubre las prácticas engañosas
Como alternativa basada en prácticas comerciales justas, la directiva de base se podría basar en el concepto más restrictivo de prácticas engañosas. Sería probablemente más fácil alcanzar el acuerdo en una directiva de base porque este concepto es de muchas maneras la base común de cláusulas abusivas en contratos a través de la UE. En particular esta prohibición general se ha establecido ya como prueba en la Directiva de publicidad engañosa. Un acercamiento común de la UE a estas materias sería un paso adelante significativo en la protección al consumidor y una simplificación de la regulación existente. Podría también ser concebido como primer paso hacia una directiva de base basada en prácticas comerciales justas. Sin embargo, dado el alcance más limitado la directiva de base no cubriría la gama completa de materias cubiertas por un deber comprensivo a comercial justamente (ej. el uso de técnicas de venta basadas en una influencia indebida). Por consiguiente, los acercamientos nacionales divergentes en las materias que fuera del alcance del deber podrían continuar convirtiéndose y fomentar regulaciones específicas en la UE sería probablemente necesario.

Dada la importancia de los requisitos de la información en la protección al consumidor y el derecho del consumidor a la información del artículo 153 del Tratado de la CE, las obligaciones generales de acceso a la información serán centrales en ambas alternativas. Un aspecto clave de esto sería la obligación para los fabricantes de divulgar toda la información material a los consumidores de una manera oportuna y clara. Esto aseguraría el cumplimiento apropiado del derecho a la información conferido a los consumidores por el Tratado. Dentro del marco de la directiva para las prácticas comerciales justas también sería posible excluir prácticas tales como sobrecarga deliberada de información y uso excesivo de 'la letra pequeña'. Podría demostrar otra dimensión importante del comercio injusto, por ejemplo las omisiones pueden también constituir una práctica injusta.

3. Autorregulación y coregulación

Muchos problemas pueden no ser convenientes para la acción reguladora. La autorregulación puede alcanzar algunas metas de la protección al consumidor, especialmente en las industrias que tienen un interés común fuerte en mantener la confianza del consumidor y donde los comerciantes avispados pueden dañar esta confianza. La autorregulación eficaz que contiene cometidos voluntarios que atan a los consumidores y que si se hace cumplir correctamente puede reducir la necesidad de regulación o de co-regulación. Actualmente no hay medios para asegurar la autorregulación eficaz en la UE en el campo de la protección al consumidor. Otra opción para que la directiva de base haga esto posible, es permitir a los fabricantes firmar un código de conducta común, mejor que quince. Las diferencias en leyes nacionales y deberes generales no permiten actualmente el desarrollo de códigos europeos auténticos.

En segundo lugar, el alcance del deber general se aplicaría no solamente a los fabricantes que trabajan con consumidores sino también a las asociaciones empresariales y a otras organizaciones que hicieron recomendaciones en prácticas comerciales y elaboraron códigos etc. Éste es el caso de la Directiva de cláusulas abusivas en los contratos (artículo 7). Dada la influencia que las asociaciones empresariales tienen en el desarrollo de las prácticas comerciales, tiene sentido reforzar la responsabilidad de sus acciones en este sentido. Finalmente, no habría regulación para la aprobación explícita de códigos por la Comisión. Dado el potencial abuso de las reglas de competencia a través de códigos y la responsabilidad de la Comisión en la aplicación de estas reglas, esto no sería apropiado. La Comisión ha impulsado el mayor uso de los “mecanismos de coregulación” y “las Directivas de bases” en su reciente Carta Blanca de Gobierno. Cualquier propuesta de protección al consumidor que incluya la co-regulación debe por lo tanto cumplir las condiciones para la co-regulación establecidas en la Carta Blanca. El papel y la responsabilidad de los creadores del código en crear códigos y el papel de las autoridades públicas en su aplicación podrían ambos ser reforzados y clarificados. La combinación de una directiva de base y las bases para la autorregulación europea podrían considerarse como un acercamiento hacia la co-regulación, según los términos de la Carta Blanca, con algunas semejanzas con el “Nuevo Acercamiento”. Gobierno Europeo: Carta Blanca (COM(2001) 428).

Aunque los consumidores y las asociaciones de consumidores seguirán jugando un papel importante o esencial, a través de los tribunales, un mercado interior de consumidores funcionando plenamente también dependerá de las autoridades públicas, de la cooperación como “aseguradores de recursos”. La capacidad de las autoridades públicas de actuar para prevenir el daño al consumidor antes de que suceda, cuando los empresarios actúan fraudulenta, deshonesta o injustamente y para persuadir a los empresarios para cambiar sus maneras sin acudir a los procedimientos legales desperdiciadores de tiempo es un componente esencial de la confianza del empresario y del consumidor. Un mercado interior necesita vigilancia coordinada del mercado.