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Informes

Introducción a la Legislación de Servicios Financieros en Italia
(By Associazione Consumatori Piemonte )

El estado de la legislación italiana de servicios financieros

1 El marco legal
El negocio de intermediación financiera está regulado por el Decreto Ley 58 del 24 de febrero de 1998, Testo Unico delle Disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996 n. 52 (denominado “Ley refundida de intermediación financiera”).
Bajo tal legislación, los “instrumentos financieros" deben significar acciones y otros valores negociables que representan acciones ordinarias negociables en el mercado de capitales, así como bonos, letras del tesoro y otros valores de deuda negociables en el mercado de capitales.
Por otra parte, se refiere a los contratos de futuros en los instrumentos financieros, los tipos de interés, las divisas extranjeras, las materias primas y los índices relacionados, incluyendo “swaps” y los contratos donde la ejecución implica el pago de importes diferentes en efectivo.
La supervisión del mercado financiero se asigna a la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (en adelante “Consob”) y a la Banca d’Italia (en adelante “Banco de Italia”).
El Ministerio de Hacienda, el Banco de Italia, y la Consob, de forma conjunta ejercitan los poderes que se les ha conferido de acuerdo con las disposiciones de la ley comunitaria. Al mismo tiempo, deben aplicar las normativas y decisiones de la Unión Europea y actuar según las recomendaciones con relación a las materias reguladas por la ley.
El ámbito de la supervisión es asegurar el comportamiento transparente de los participantes en el mercado y la gestión transparente y responsable de los emisores e intermediarios autorizados, teniendo en cuenta la protección de los inversores, la estabilidad y el adecuado funcionamiento del sistema financiero.
El Banco de Italia tienen la autoridad para los asuntos relacionados con la limitación del riesgo y la estabilidad financiera. La Consob supervisa la conducta transparente y correcta de los intermediarios financieros.
Es evidente que cada autoridad tiene la tarea de comprobar conformidad con las disposiciones que gobiernan las cuestiones que se encuentran dentro del alcance de su autoridad.
Las autoridades deben funcionar de una manera coordinada, con objeto de reducir al mínimo los costes incurridos por los participantes autorizados, y deben notificar las medidas adoptadas y de las irregularidades descubiertas en la realización de su actividad de supervisión.
Con el fin de facilitar sus funciones respectivas, intercambian datos con las autoridades competentes de la Unión Europea y de los estados individuales de la UE.

1.1 Poder regulador
La ley consolidada sobre la intermediación financiera asigna al banco de Italia el poder regulador referente a la suficiencia de capital, la limitación del riesgo en sus varias formas y los criterios y prohibiciones referentes a actividades de inversión, teniendo en cuenta las relaciones de los grupos.
Consob, después de consultar al banco de Italia y de considerar las diversas necesidades de los inversores en lo referente a su naturaleza y experiencia profesional, puede publicar medidas reguladoras de los procedimientos, incluyendo mecanismos internos del control, implicados en la prestación de servicios y en la conservación de expedientes de órdenes y de transacciones.
Este último regula específicamente la conducta que se observará en el trato con los inversores, teniendo también en cuenta la necesidad de reducir al mínimo el riesgo de conflictos de interés.

1.2 Poder Supervisor
El banco de Italia y la Consob, dentro del alcance de su autoridad respectiva, puede convocar a los directores, los miembros del consejo de auditores y gestores y pedir la convocatoria de los cuerpos gobernantes y fijar la agenda para la reunión.
Dentro del alcance de su autoridad respectiva, pueden requerir a las personas autorizadas la comunicación de datos e información y la transmisión de documentos y expedientes en la forma y dentro de los límites de tiempo que se establezcan.
Este poder se puede ejercitar por lo que se refiere a la firma designada para revisar las cuentas.
La ley mencionada anteriormente estipula que consejo de auditores de cuentas tiene el deber de informarles sin retraso de todos los actos o hechos que encuentre en el cumplimiento de sus deberes que puedan constituir una irregularidad de la gestión o una violación de las disposiciones legislativas.

1.3 Inspecciones
Es importante observar que ambas autoridades pueden inspeccionar a los emisores autorizados y a los intermediarios financieros y requerir la presentación de documentos y la adopción de las medidas que se juzguen necesarias, en conformidad con las disposiciones del derecho comunitario. Cada autoridad notificará las inspecciones que emprende a la otra, que puede solicitarla la realización sobre el terreno de la verificación de los asuntos que caigan dentro del alcance de su autoridad.
Por otra parte, podrían solicitar a las autoridades competentes de un estado de la UE, la realización de verificaciones sobre el terreno de las sucursales de los bancos establecidos dentro del territorio de tal estado o el acuerdo acerca de otros métodos de verificación. Las autoridades competentes de un estado de la UE, después de notificar al banco de Italia y al Consob, pueden, directamente o por las personas contratadas por ellas, examinar las sucursales establecidas en Italia de las instituciones de inversión y bancos de la UE, que hayan autorizado.
Respeto a esto, las autoridades han firmado algunos acuerdos con las autoridades competentes de los estados que no pertenecen a la UE en los procedimientos para la inspección de sucursales de las instituciones de inversión y bancos establecidos en sus territorios respectivos.

2 La Comisión Nacional de la Sociedad y la Bolsa (Consob)
El Consob es una autoridad administrativa independiente responsable de la regulación y el control de la intermediación financiera.
La actividad de Consob está dirigida a la protección del público inversor y al aseguramiento de la eficacia y la transparencia del mercado.
Por lo tanto, Consob es la autoridad competente que asegura el comportamiento correcto de los participantes del mercado de valores y el acceso a una información completa y exacta del público inversor de las compañías que cotizan en bolsa.
Controla la exactitud de los hechos representados en las circulares de oferta pública relacionadas con las ofertas de valores transferibles al público inversor y, según el caso, comienza y conduce investigaciones con respecto a las infracciones potenciales de la ley de transacciones de personas con información privilegiada y de la manipulación del mercado.

3 Emisores e intermediarios
La ley consolidada sobre la intermediación financiera indica que la disposición de los servicios de inversión al público, sobre una base profesional, estará reservada a las instituciones de inversión y a los bancos.
Así, los intermediarios financieros tienen que estar registrados y la emisión de instrumentos financieros tiene que autorizarse por el Consob, después de que éste haya controlado el cumplimiento de algunas condiciones, como por ejemplo, que el capital pagado hasta el momento no sea menor que el establecido sobre la base general por el banco de Italia.

3.1 Gerentes y auditores
Las personas que realizan funciones administrativas, directivas o de control en compañías de gestión de activos y en otros intermediarios financieros deben cumplir con los requisitos de experiencia e integridad establecidos por el ministro de Hacienda en una ley, que ha sido adoptada después de consultar al Banco de Italia y a la Consob.
El incumplimiento de los requisitos dará lugar a la inhabilitación de oficio. La inhabilitación será declarada por la junta directiva en el plazo de treinta días desde el nombramiento o desde el conocimiento del incumplimiento posterior.
En el caso de pasividad de la junta directiva, la inhabilitación se declarará por una de las autoridades.

3.2 Sanciones (algunos ejemplos de)
Bajo la ley consolidada de intermediación financiera, se infringirá una pena de encarcelamiento con un periodo de entre seis meses y de cuatro años, y una multa a cualquier persona que, sin estar autorizada conforme a la ley, proporcione servicios de inversión o servicios de gestión de activos, participaciones o las partes colectivas de las empresas de inversión colectivas en Italia. La misma sanción se proporciona para las personas que venden los instrumentos financieros o los servicios de inversión a domicilio o utilizan medios de la comunicación de la distancia para promocionar o vender dichos productos y servicios.
A menos que el acto constituya una ofensa más grave, toda persona que en el ejercicio del servicio personal de gestión de carteras de inversión, en la violación de las disposiciones que regulan conflictos de interés, realice operaciones que causan perjuicio a los inversores con objeto de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otros, deberá ser castigado con el encarcelamiento durante un período de entre de seis meses y de tres años, además de por la multa consecuente.

4 La protección de los consumidores en los mercados financieros.
Según la ley consolidada sobre los instrumentos financieros y otra legislación italiana relevante, hay diversas maneras de proteger a inversionistas contra las conductas ilegales llevadas a cabo por los participantes implicados en el mercado financiero (es decir, bancos, intermediarios, compañías).

4.1 Reclamaciones a los bancos o a los intermediarios.
El consumidor tiene derecho por la ley a enviar una reclamación directamente al banco o al intermediario financiero.
Respecto a esto, observamos que el Consob ha publicado algunas reglas y sugerencias prácticas para la realización de transacciones con intermediarios financieros, por ejemplo, invitando a los inversores a:
- comprobar las autorizaciones establecidas
- obtener la información necesaria
- tener cuidado con las ofertas que son demasiado buenas para ser verdad
- pensar dos veces acerca de la inversión en productos de riesgo
- insistir en que el contrato se realice de la forma establecida
- pagar en la forma establecida
En cualquier caso, la ley consolidada sobre la intermediación financiera estipula que cada banco o intermediario financiero debe guardar un registro apropiado de las reclamaciones, en las cuales los datos relacionados con cada queja deben ser registrados puntualmente.
Se requiere que los bancos y los intermediarios, después, contesten dentro del plazo de 90 días después de recibir una queja (véase el artículo 59.3 de la regulación 11522/1998 de Consob).

4.2 Reclamaciones a la Consob
Todos aquellos implicados en los servicios financieros (compañías cotizadas en bolsa y sus accionistas, los intermediarios y sus clientes, sociedades para el comercio, organizaciones para la protección al consumidor, asesores de inversión y comerciales financieros, etc.) pueden enviar a la Consob informes sobre irregularidades y las quejas sobre el mal funcionamiento, errores o violaciones de reglas de conducta en las transacciones con los operadores sujetos a su supervisión.
Tales informes y reclamaciones son una fuente valiosa de información para la Consob en el ejercicio del deber de supervisión, porque pueden ayudarle a detectar y suprimir comportamientos y prácticas ilegales e injustas.
No se requiere que la autoridad automáticamente realice una acción tras la recepción de un informe o queja, ni está sujeta a ninguna obligación hacia la persona que la envío. Las investigaciones sólo se comienzan cuando los hechos se refieren a materias que caen dentro del alcance de los poderes de la Consob y son corroborados con una evidencia suficiente.
Los informes y las reclamaciones deben contener:
- el nombre y la dirección de la persona o compañía que generó el informe o la queja y un número de teléfono donde pueden ser contactados para cualquier aclaración;
- una breve descripción de las circunstancias, la razón del informe o de la queja y el nombre del operador implicado;
- copias de todos los documentos relacionados con el informe o a la queja (p.ej. contratos de servicios de inversión, estados de cuenta de las operaciones, etc.);
- copias de toda la correspondencia con el operador en cuestión.
Observamos que la Consob no puede proteger directamente la propiedad u otros derechos de las personas que han enviado informes o quejas; tal protección solamente se puede proporcionar en los tribunales. Se intenta que las investigaciones que ésta realiza encuentren la evidencia de las violaciones de la regulación y de la normativa en vigor y la castigue dentro del interés más general de proteger los ahorros del público.

4.3 El Ombudsman
El Ombudsman (defensor del cliente) de las actividades bancarias, de que es competente solamente para las demandas de los consumidores dentro de un importe muy limitado, fue establecido en 1993 según los términos de acuerdo de los principales bancos italianos.
Es un cuerpo independiente que investiga reclamaciones de los clientes a los proveedores de servicios financieros, incluyendo bancos y otras organizaciones depositarias de fondos, brokers de inversión, distribuidores del fondo mutuo y compañías mutualistas de fondos.
El objetivo es proporcionar la resolución pronta e imparcial a las quejas que los clientes no han sido capaces de resolver satisfactoriamente con su proveedor de servicios financieros.
El proceso del Ombudsman está entonces basado en el principio simple que cada cliente merece una resolución justa y rápida de sus reclamaciones.
La decisión del Ombudsman sobre la resolución de una queja se basa en algunos criterios básicos: imparcialidad total, buenas prácticas de negocio, estándares aceptados de la industria y prácticas y estándares establecidos por los cuerpos reguladores de la industria, asociaciones profesionales o el proveedor individual de servicios financieros.
Debe solucionar el caso en el plazo de 90 días desde la recepción de la reclamación y su decisión es vinculante para la institución de crédito en cuestión.


5 Reformas contempladas

5.1 La directiva sobre el abuso de mercado (2003/6/Ce)
El 3 de febrero 2004 el gobierno italiano presentó al parlamento el borrador de una nueva legislación reguladora del mercado financiero. La nueva legislación transpondría a la ley italiana de finanzas las disposiciones de la directiva 2003/6Ce del Parlamento Europeo y del consejo de la UE del 28 de enero de 2003, concerniente al abuso de información privilegiada y manipulación del mercado ("abusos del mercado").
Según el artículo 6, párrafo 5: "los Estados miembros aseguran que haya normas adecuadas que garanticen que las personas que producen o propagan las investigaciones relativas a los instrumentos financieros o a los emisores de los instrumentos financieros, o las personas que producen o propagan otra información que recomienda o que propone las estrategias de inversión previstas por los canales de la propagación y de información al público, ejerciten con precaución y diligencia razonables de tal forma que presenten la información correctamente y comuniquen su interés en ello o indiquen que existe un conflicto de intereses con respecto a los instrumentos financieros a los que se refiere la información ".
Realmente, por la normativa de la UE de 2003, se ha delegado en el gobierno italiano la adopción de decretos legislativos, que ocasionarán las normas necesarias llevar a efecto la directiva examinada dentro de un plazo de 18 meses a partir de la fecha de la entrada en vigor de la ley.

5.2 Una nueva autoridad
La reforma considerada ha sido impulsada por las recientes crisis financieras de las compañías italianas Parmalat y Cirio, ambas debidas a la equivocada gestión de las compañías y a la carencia de un control eficaz.
Parmalat es la compañía italiana más grande del sector de la alimentación y la cuarta más grande de Europa, controla el 50% del mercado italiano en productos lácteos y derivados de los lácteos. En diciembre de 2003, se descubrió que la liquidez reclamada de 4.000 millones de euros no existía, y que el dinero de 8 millones de inversores en bonos se había evaporado también. Parmalat es la bancarrota más grande de la historia europea, representa el 1.5% del PIB italiano, proporcionalmente más grande que la ratio combinado de las bancarrotas de Enron y de Worldcom al PIB de ESTADOS UNIDOS.
Detrás de la fachada de Parmalat como compañía agroindustrial productiva con 34.000 empleados, se escondía un esquema especulativo financiero gigante para atraer el dinero de los inversores y malversarlos a través de una red de 260 empresas especulativas internacionales “offshore”, en las que desapareció el dinero.
La reacción del gobierno a dicha crisis consiste en diseñar una nueva autoridad, que se suponía iba a asumir el poder de supervisión que el banco de Italia tenía, pero nunca se ha puesto en funcionamiento.
El alcance de la reforma propuesta es asegurar “la protección del ahorro y del inversionista, la confianza del mercado, la transparencia y corrección de los comportamientos de los asuntos supervisados y la observancia de las disposiciones reguladoras de los asuntos de su competencia”.
La nueva autoridad debe incorporar las tareas actualmente asignadas al Banco de Italia, con referencia específica al control de la emisión y negociación de productos financieros hacia los inversores privados.

 


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