La reordenación del mapa de cajas de ahorros debe servir para refundar el modelo
social y democrático de estas entidades
El proceso de reestruccturación del sector financiero tiene su primera tarea importante en la
reordenación del mapa de las cajas de ahorros. Una reordenación que implica el saneamiento de
las cuentas de estas entidades de crédito corroídas por activos inmobiliarios hiperinflados
productos la especulación que ellas mismas han provocados.
Es la ocasión para refundar el modelo social y democrático de las cajas. Las Cajas resultantes
de los diferentes proceso de fusión de estas deberían reforzar la presencia de los Impositores,
mejorando su presencia su papel, permitiendo, por ejemplo candidaturas organizadas. La función
de los impositores en los órganos de gobierno de las cajas necesita profundas reformas legales
que potencien y refuercen su papel, permitiendo entre otras cuestiones, la presencia de
organizaciones sociales que agrupen a los impositores para evitar convertirse en elementos
aislados y fácilmente manipulables como sucede en la actualidad.
Por otro lado, es necesario facilitar toda la transparencia posible a impositores y clientes
sobre cualquier tipo de proceso de fusión en marcha. En particular ADICAE pide al Ministerio de
Economía en colaboración con las Comunidades Autónomas, la difusión de Informes-Folletos, donde
se recojan los elementos más importantes de estos procesos y cómo afectan a los consumidores.
Los consumidores no deben ser los paganos en el proceso de reordenación bancaria, pagando más
comisiones, soportando condiciones financieras más gravosas, obligados a suscribir mayor
cantidad de productos financieros, etc. Para ello hace un llamamiento a la Comisión Nacional de
la Competencia (CNC) para que permanezca alerta y actúe de inmediato ante este posible riesgo.
Ambasa Cajas van a solicitar del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) 600 millones
de euros para acometer este proceso.
El baile de fusiones no debería dejar al margen a consumidores e impositores
La reordenación del sistema bancario español continúa dando excesivos quebraderos de cabeza tanto a los políticos -lo que demuestra la sumisión de estos a los poderes financieros- pero, especialmente, a los ciudadanos, que son presa de la incertidumbre que provocan este tipo de movimientos, especialmente debido a la poca claridad con que se están llevando a cabo de cara a los consumidores que, a fin de cuentas, son los que tienen sus ahorros depositados en las entidades financieras.
Las cajas de ahorros continúan inmersas en un proceso de fusiones que deberá finalizar el 30 de junio, fecha límite estipulada para presentar proyectos de fusión. Quince días antes habrá finalizado el plazo para pedir ayudas al FROB y, aunque en un principio se había valorado la posibilidad de conceder una prórroga, esta opción ha quedado totalmente descartada. Una vez concluido el proceso de elección de nuevo presidente en la CECA -Isidro Fainé- y de nuevo vicepresidente -Amado Franco-, el proceso de fusión de cajas de ahorros ya tiene quien sujete sus riendas... conforme a sus intereses, que no son los de los consumidores.
De esta manera, entre los meses de marzo y mayo de 2010, las cajas gallegas han acordado una presidencia rotatoria para su fusión, con sede operativa en Vigo y social en La Coruña; la CAM ha pactado una fusión con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura; Unicaja y Caja de Jaén han unido sus fuerzas, al igual que Multicaja y Caja de Abogados; y que Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra. Pero siguen faltando muchas operaciones por cerrarse. Y el tiempo apremia tanto que incluso han saltado a primera línea de la negociación tanto el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy.
Y es que las fuerzas políticas tienen mucho que decir en el baile de fusiones que se está llevando a cabo. De hecho el Gobierno ya ha advertido que reformará la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) antes del mes de agosto, con el objetivo de facilitar a las cajas la obtención de capital a través de las cuotas participativas con derechos políticos, aunque la CECA quiere reducir la representación política al 25% -actualmente está en el 50%-. En cualquier caso el Ejecutivo ya ha dejado claro que no quiere cargos electos ni en los Consejos de Administración ni en las asambleas generales, por lo que los diputados autonómicos, los alcaldes y los concejales deberán abandonarlos cuando la reforma se finalice.
Por parte de los consumidores e impositores es fundamental que sigamos realizando propuestas en defensa de nuestros intereses y derechos. ADICAE está elaborando un documento donde se recogerán estas propuestas.
